La Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid, en nombre de Fernando Pastor, padre de una alumna del colegio público Macías Picavea de Valladolid, ha logrado una sentencia histórica. El titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de la capital castellanoleonesa, Alejandro Valentín, impone a la escuela la obligación de retirar los crucifijos y todos los símbolos cristianos de las aulas y espacios comunes, en nombre de "la laicidad y neutralidad del Estado" .
¿Es un triunfo de la libertad individual y de la autonomía de decisión de los Centros escolares? Según y como, porque el Consejo Escolar del centro había votado reiteradamente, en ejercicio de su autonomía teórica, la conservación de unos símbolos que están presentes en las aulas desde hace muchas décadas y que representan valores culturales e identitarios, además de religiosos. El señor Pastor tiene el amparo de un juez, pero representa una minoría entre los miembros de una comunidad escolar teóricamente autónoma. Ahora ya sabemos que esa autonomía democrática tiene sus límites.
Según el juez Valentín "la decisión del Consejo Escolar vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 , apartados 1 y 3, de la Constitución Española", que garantizan derechos fundamentales como "la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y comunidades". Sea cual sea la opinión de cada uno, la sentencia debe ser cumplida. Ahora razonemos sobre ella.
Una contradicción escandalosa
Los mismos que celebran la "victoria" contra los crucifijos son los que niegan a otros padres el derecho a la objeción de conciencia frente a la educación para la Ciudadanía. Y son los mismos que cuestionarían la exhibición personal de símbolos religiosos cristianos pero aceptarían el velo de las alumnas musulmanas. Dicho de otro modo, los profetas de la izquierda creen que determinados contenidos morales pueden y deben ser impuestos por el Estado contra la voluntad de las familias (y ahí no hay libertad ideológica que valga) mientras que otros contenidos y aspectos son susceptibles de prohibición. Tomemos buena nota de qué partidos y qué políticos apoyan esta deriva, sea desde el Gobierno sea desde la connivencia parlamentaria con el PSOE.
Lo que se ha impuesto no es la imparcialidad del Estado ni la libertad de las personas, sino una determinada ideología, y la moral que de ella se deriva, frente a otras convicciones. Ya que, según parece, la fe católica y sólo ella debe ser ocultada y reducida a lo privado, el Estado puede educar contra esa fe, y sólo se protege la libertad de quienes comparten la ideología oficial. No quiero añadir adjetivos: me basta constatar que esto es así, porque cuando todos nos demos cuenta de qué significa podremos actuar en consecuencia.
No, no me refiero a cómo Amadeo Marco mantuvo el crucifijo en Navascués cuando el régimen laicista de Manuel Azaña lo quiso desterrar (es una historia muy ilustrativa pero con formas que no son las de 2008). No es quizás hora de hombres como Marco, aunque podría ser la de personas generosas como Justo Garrán, que apoyó una escuela libre para evitar a las familias católicas de Olite la imposición liberticida de entonces. Y sin duda es la hora de Benedicto XVI.
Impacto en el mundo y respuesta del Papa
El caso de Valladolid ha sido portada en todos los periódicos italianos, desde el Corriere della Sera a La Stampa. En un país tan parecido a España pero con unos políticos tan diferentes llama la atención de todos, izquierda y derecha, nuestra oleada de laicismo agresivo, entendido no como libertad de unos, sino como lucha del Estado contra la vivencia social de la fe mayoritaria. En Italia ni la izquierda se ha acercado a este gélido viento del Gulag, ni la derecha lo toleraría inerme, ni la jerarquía católica dejaría de movilizar a los ciudadanos en defensa de la libertad.
El Papa, mientras las leyes de Zapatero se aplican así y recorremos un camino por desgracia conocido, ha hablado del problema de fondo. Para Benedicto XVI, y no es una opinión cualquiera, la fe religiosa no puede ponerse "entre paréntesis" ni reducirse a lo privado: la libertad religiosa implica la vivencia social de la fe, y la convivencia respetuosa entre confesiones distintas. Confesiones entre las que, además, "un diálogo interreligioso en el sentido estricto de la palabra no es posible, mientras que es mucho más urgente el diálogo intercultural que profundice en las consecuencias culturales de las decisiones religiosas de fondo". De acuerdo, no tenemos entre nosotros muchos políticos al nivel del senador Marcello Pera, a quien se dirige esta carta recientemente conocida. Pero el Papa marca la ruta a seguir para los católicos que quieran seguir siéndolo, y sencillamente para los europeos que no se avergüencen de existir: adelante.
Fuente: El Semanal Digital, 24 de noviembre de 2008