Intervención de Monseñor Mario Toso, secretario del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz de la Santa Sede, durante la Conferencia sobre la tolerancia y la no discriminación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), celebrada en Astana (Kazajstán) entre el 29 y el 30 de junio, sobre racismo, xenofobia, y discriminación.
Los problemas afrontados en esta sesión no sólo afectan a los cristianos y creyentes como individuos, sino a las confesiones religiosas en cuanto tales. No afectan sólo a grupos de minorías religiosas, sino también a las mayorías. Es simplista imputar a las mayorías religiosas la escasez o falta de protección por parte de las autoridades del Estado de las demás comunidades religiosas. Al mismo tiempo, hay que constatar que las amenazas contra la identidad religiosa están presentes tanto al Este como al Oeste de Viena, aunque asuman formas y niveles diferentes de intensidad en cuanto tiempo y circunstancias.
Con el crecimiento de la intolerancia religiosa en el mundo, está ampliamente documentado que los cristianos son el grupo religioso más discriminado. Más de doscientos millones de ellos, pertenecientes a confesiones diferentes, se encuentras en situaciones de dificultad a causa de las instituciones y de los contextos legales y culturales que les discriminan. En su discurso a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, el 11 de enero de 2010, el Papa Benedictó XVI observó: "Lamentablemente, en ciertos países, sobre todo occidentales, se difunde en ámbitos políticos y culturales, así como en los medios de comunicación social, un sentimiento de escasa consideración y a veces de hostilidad, por no decir de menosprecio, hacia la religión, en particular la religión cristiana. Es evidente que si se considera el relativismo como un elemento constitutivo esencial de la democracia se corre el riesgo de concebir la laicidad sólo en términos de exclusión o, más exactamente, de rechazo de la importancia social del hecho religioso. Dicho planteamiento, sin embargo, crea confrontación y división, hiere la paz, perturba la ecología humana y, rechazando por principio actitudes diferentes a la suya, se convierte en un callejón sin salida. Es urgente, por tanto, definir una laicidad positiva, abierta, y que, fundada en una justa autonomía del orden temporal y del orden espiritual, favorezca una sana colaboración y un espíritu de responsabilidad compartida. Desde este punto de vista, pienso en Europa que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ha abierto una nueva fase de su proceso de integración, que la Santa Sede seguirá con respeto y cordial atención. Al observar con satisfacción que el Tratado prevé que la Unión Europea mantenga con las Iglesias un diálogo 'abierto, transparente y regular' (art. 17), formulo mis votos para que Europa, en la construcción de su porvenir, encuentre continua inspiración en las fuentes de su propia identidad cristiana. Ésta, como ya afirmé en mi viaje apostólico a la República Checa el pasado mes de septiembre, tiene un papel insustituible 'para la formación de la conciencia de cada generación y para la promoción de un consenso ético de fondo, al servicio de toda persona que a este continente lo llama mi casa'" (Encuentro con las Autoridades civiles y el Cuerpo diplomático, 26 septiembre 2009).
La Santa Sede está convencida de que la comunidad internacional debería luchar contra la intolerancia y la discriminación de los cristianos con la misma determinación con la que lucha o lucharía contra el odio contra todas las comunidades religiosas. En esto, la OSCE se ha convertido en una institución pionera, pues desde hace tiempo ha enmarcado la lucha contra la intolerancia y la discriminación de los cristianos como uno de los campos en los cuales los Estados tienen que comprometerse. Lo que surgió claramente de la discusión de la Mesa Redonda de marzo de 2009 es que la intolerancia y la discriminación contra los cristianos se manifiestan bajo varias formas en todo el área de la OSCE. Además, si la negación de los derechos representa una cuestión grave allí donde los cristianos son una minoría, otras formas más sofisticadas de marginación y discriminación constituyen una seria amenaza para la participación activa y política de los cristianos incluso cuando no son minoría.
A pesar de los compromisos asumidos por los Estados miembros de la OSCE en el campo de la libertad religiosa, en algunos países se dan todavía, en relación con la Iglesia y las comunidades cristianas, así como en relación con otras comunidades religiosas y sus respectivos miembros, leyes intolerantes e incluso discriminantes, y se dan decisiones y comportamientos, tanto activos como de omisión, que niegan esta libertad. Se dan episodios repetidos de violencia incluso asesinatos de cristianos. Persisten restricciones irrazonables contra la libertad de opción y de adhesión a una confesión y a la respectiva comunidad religiosa, así como contra la importación y distribución de material religioso. Se dan, además, ilegítimas interferencias en su autonomía organizativa. De este modo, se ejercen indebidas presiones sobre las personas que trabajan en la administración pública, obstaculizando su libertad de expresión según su conciencia. Con frecuencia, la educación cívica tiene lugar sin el debido respeto de la identidad y la fe de los creyentes. Se registran, además, signos claros de oposición al reconocimiento del papel público de la religión.
La tradicional lucha de la OSCE a favor de la libertad religiosa nace de la precisa convicción de que esta libertad forma parte de la dimensión fundamental de la persona humana y que no es algo que afecta sólo a la esfera privada de los individuos. La libertad religiosa, gracias a su dimensión pública, favorece el desarrollo humano y social, la misma seguridad de los países. Al afectar al "corazón" y a lo más profundo e íntimo de las personas, es fundamento y crisol de todas las demás libertades. De hecho, donde no hay libertad religiosa todas las demás libertades quedan comprometidas.
La contribución específica de los cristianos al desarrollo integral de las sociedades nacionales constituye un valor añadido también para la construcción de la sociedad internacional. El reconocimiento de esta contribución es garantía y expresión de un pluralismo auténtico. La distinción entre realidades espirituales y civiles, de hecho, no significa que que se dé indiferencia, o incomunicación, sino más bien diálogo e interacción al servicio del bien común de la persona humana. El Papa Benedicto XVI ha llamado repetidamente la atención sobre el hecho de que lo secular no coincide con el secularismo. Por tanto, cuando los creyentes manifiestan una objeción de conciencia ante medidas públicas que tocan los valores más profundos de la persona humana, esto no debe considerarse ipso facto como una objeción a la soberanía o a la autoridad del Estado o de otras instituciones públicas. Sería, por el contrario, una forma de intolerancia obligar a los creyentes o a las comunidades de creyentes a vivir conforme al Estado de derecho renegando, sin embargo, de los dictados de la propia conciencia. En la realidad civil y política una cosa es afirmar la bondad del pluralismo, ya sea como un hecho o como un valor, y otra es confundir esto con el relativismo ético y cultural, que no contempla verdades absolutas, incluida la dignidad humana, considerada incluso como negociable o subordinable a otros intereses. Entendido de este modo, el mismo relativismo no garantiza el respeto recíproco entre las personas y pueblos, ni garantiza la cohesión social ni el respeto de las instituciones y de las reglas de la democracia. Una democracia sólo puede promover la dignidad de cada persona y el respeto de sus derechos inviolables e inalienables, y asegurar una paz estable cuando está anclada en la moral objetiva (cfr. Evangelium vitae, n. 70).
Los medios de comunicación tampoco quedan exentos de actitudes de intolerancia y, en algunos casos, de denigración contra los cristianos y los creyentes en general. Un auténtico pluralismo en los medios de comunicación exige una correcta información sobre las diferentes realidades religiosas, así como la libertad de acceso a los medios para las mismas comunidades religiosas. En el respeto de la libertad de pensamiento y de expresión, deberían predisponerse mecanismos e instrumentos contra la manipulación de los contenidos y símbolos religiosos, así como contra las manifestaciones de intolerancia y de odio contra los cristianos y todos los creyentes.
A la luz de estos abusos, la OSCE debería prestar particular atención y desarrollar propuestas eficaces para combatir la intolerancia y la discriminación contra los cristianos. De hecho, la Santa Sede está convencida de la importante contribución que la institución de tres representantes personales ofrecerá a la promoción de la tolerancia y no discriminación en los campos prioritarios sobre los cuales los Estados participantes han alcanzado consenso; es decir, en la lucha contra el antisemitismo, la intolerancia y la discriminación contra los musulmanes, los cristianos y los miembros de otras religiones, así como en la lucha contra el racismo, la xenofobia. Mi delegación expresa su aprecio por el trabajo equilibrado realizado este año por los representantes, que han dedicado su atención a los puntos fundamentales de sus mandatos, según el espíritu de las negociaciones que los han instituido.
Durante el año 2010, el servicio desempeñado por los representantes ha demostrado la necesidad de un renovado esfuerzo para alcanzar los objetivos asumidos por la OSCE y por los Estados, en vez de prever otros nuevos. Si se hace más pesada la agenda, aunque puedan siempre surgir nuevas cuestiones que necesitan atención, podrían evaporarse los esfuerzos de la OSCE y debilitar la capacidad de la organización para afrontar de manera eficaz y precisa los propios objetivos, muchos de los cuales todavía no se han logrado.