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Polémica Ley de Centros de Culto en Cataluña

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El gobierno de coalición catalán tiene previsto aprobar en febrero una polémica Ley sobre Centros de Culto por la que pretende regular las reuniones con fines religiosos. Según el Gobierno catalán, el proyecto nace por la necesidad de atajar la proliferación de mezquitas improvisadas y templos de otras religiones minoritarias, pero su aplicación, según ha denunciado la diputada catalana Glòria Renom, «afecta de lleno a la Iglesia católica», puesto que «no se podrá celebrar misa ni reunirse para hablar de religión sin una licencia municipal, ni en la ermita más pequeña ni en la mayor catedral».

El proyecto de Ley, impulsado por el vicepresidente del Gobierno autonómico Josep Lluis Carod Rovira, ha despertado la inquietud también entre los obispos. El pasado noviembre, el obispo de Urgel, monseñor Joan-Enric Vives, manifestó la preocupación de los obispos catalanes «por este proyecto, porque se trata del ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la libertad religiosa». Los obispos han señalado en un comunicado emitido el 10 de febrero después de una reunión plenaria que «se pretende regular con una misma ley realidades muy diversas, como son las iglesias, las sinagogas y las mezquitas». En Cataluña, efectivamente, se encuentran 13 religiones diferentes con 3.500 centros de culto, 2.500 de los cuales pertenecen a la Iglesia católica.

El proyecto de Ley impulsado por el gobierno catalán contempla que sean los municipios los que otorguen las licencias para lugares de culto. Solo quedarían exentos los centros de culto de hospitales, tanatorios, prisiones y los que pertenecen al patrimonio artístico o arquitectónico.

La plataforma Forum Libertas ha deplorado que este proyecto de Ley, «aplicado a las parroquias tal y como está redactado, tiene como resultado que cualquier alcalde podría cerrar en su ciudad una parroquia, iglesia o centro de catequesis». La asociación E-Cristians también ha dado la voz de alarma y ha asegurado que «es de dudosa constitucionalidad querer regular los centros de reunión y formación de carácter religioso, cuando otras actividades de carácter asociativo y formativo no lo tienen».

Se afirma que el proyecto legislativo catalán chocaría con el Concordato, por lo que no podría salir adelante. Forum Libertas ha concluido que «con esta Ley en la mano, el alcalde comunista Pepone habría cerrado de un plumazo la parroquia al cura don Camilo en las novelas de Guareschi».

También el Consejo Evangélico de Cataluña mostró cierta "preocupación e incertidumbre" por el contenido de este Proyecto, que considera que "podría legitimar un procedimiento que es susceptible de manipulación y abusos por parte de los ayuntamientos, y no sólo por cuestiones económicas, sino también por razones de intolerancia religiosa, prejuicio y racismo". El secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), Mariano Blázquez, destacó a la agencia Veritas la importancia de que se reforme el texto y advirtió que "lo que se haga en Cataluña tendrá una repercusión sobre el resto de España".

La Ley de Centros de Culto también se ha encontrado con la oposición de juristas prestigiosos. Jorge Carreras del Rincón, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Internacional de Cataluña (UIC), asegura que «lo grave de esta Ley, de manera inmediata, es a mi juicio el principio que sienta. Se trata de una Ley que se refiere en exclusiva a los centros de culto, y que no tiene parangón en ningún otro país de Europa, salvo error por mi parte, y a excepción quizá de Francia, en que tengo entendido que los centros de culto son todos públicos».

Además, la junta directiva de Juristas Cristianos de Cataluña (Juristes Cristians de Catalunya) considera que el proyecto de Ley de Cultos en trámite en el Parlamento de la Generalitat es preocupante y lo tildan de «chapuza jurídica». «El articulado del proyecto cuya tramitación se inicia ahora, contiene ambigüedades en diversas materias que constituyen una grave preocupación tanto por su contenido actual, como por su posterior desarrollo normativo», denuncian los Juristas Cristianos de Cataluña.

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